El paso de sociedades confesionales a Estados marcadamente secularizados generó conflictos en torno a la libertad religiosa, la educación, la jurisdicción eclesiástica y el reconocimiento público de la Iglesia. En muchos lugares, los gobiernos intentaron limitar la autonomía de la Iglesia mediante leyes y controles administrativos, y eso afectó tanto a la disciplina interna como a la vida pública del catolicismo.
La reacción católica adoptó dos rasgos complementarios: defender la independencia de la Iglesia y proteger la unidad eclesial. En el plano teológico, creció el impulso por subrayar el ministerio del obispo de Roma como centro de comunión y salvaguarda de la fe, sobre todo frente a corrientes como el galicanismo y el febronianismo, que promovían la autonomía de las iglesias nacionales y tendían a supeditar la Iglesia al marco estatal. El Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos explica que el Vaticano I respondió a esa amenaza para «la unidad y la independencia de la Iglesia», en un contexto occidental marcado por el resurgir de posiciones conciliaristas y por la tendencia de los Estados a dominar la Iglesia.1


