Inquisición romana (Congregación del Santo Oficio)
En el siglo XVI, la Iglesia reorganizó instrumentos jurídicos para afrontar la expansión de doctrinas reformistas, especialmente en Italia. La Inquisición romana, dotada de mayores poderes tras reformas curiales, quedó bajo la supervisión directa del papa y asumió competencias que abarcaban delitos contra la fe (herejía, cisma, apostasía) y otras materias relacionadas con la vida religiosa.
La documentación institucional explica el origen organizativo en relación con el crecimiento del protestantismo: Pablo III instituyó mediante la constitución Licet ab initio una comisión de cardenales con competencia para juzgar delitos en materias de fe (1542), y la estructura se consolidó con cargos específicos y consultores teólogos y canonistas.
La Comisión y su evolución adquirieron facultades para actuar contra apóstatas y herejes; además, podían recurrir al brazo secular. El papa Julio III confirmó la institución al inicio de 1550, y el propio texto precisa que, en la práctica inicial, la atención se concentró sobre todo en la vida religiosa de Italia, aunque la Congregación conservaba competencia para proceder judicialmente en defensa de la fe en los países cristianos.
Asimismo, la Congregación asumió responsabilidad sobre la censura y proscripción de libros reconocidos como heréticos, una vez examinados por el organismo competente y confirmada la decisión.
Inquisición española y Tomás de Torquemada
La Inquisición española tuvo un desarrollo propio. La Iglesia reconoce que Sixto IV autorizó a los Reyes Católicos a establecerla (1478).
En España, el caso de Tomás de Torquemada resulta clave. La Iglesia lo presenta como el verdadero organizador de la Inquisición española: en 1483 el papa le nombró gran inquisidor para Castilla, y su jurisdicción se extendió sobre Aragón el 17 de octubre (en la secuencia de reorganización del tribunal).
El mismo marco explica el propósito central: combatir la presencia de «marranos» y «moriscos» como supuestos conversos aparentes, y evitar el impacto religioso que amenazaba la unidad católica en la Península.
El desarrollo histórico incluye además una dimensión de control y revisión: el texto señala que llegaron a Roma denuncias de abusos graves por parte de los inquisidores en los primeros tiempos en Sevilla; el papado reprendió a los responsables por encarcelamientos injustos, torturas crueles y otras actuaciones, y amenazó con la deposición si persistían los excesos.
En el siglo XVI, la Inquisición española cumplió también una función de repulsa del protestantismo.
Una lectura católica del fenómeno
La historia de las instituciones inquisitoriales generó interpretaciones contrapuestas. Desde la defensa católica, John Henry Newman insistió en que, frente a una imagen protestante negativa, el papado romano no derramó sangre en el marco de la institución romana, y comparó ese hecho con otras realidades disciplinarias de la Europa del momento.